El ex gobernador de Nayarit está acusado de presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ciudad de México. – Un juzgado de distrito admitió a trámite el amparo que interpuso el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien busca enfrentar su proceso en libertad, tras las acusaciones por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un secretario en funciones de juez del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Nayarit decidió dar entrada a la demanda de garantías del ex mandatario estatal que impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El juzgado solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Tepic entregar sus informes justificados. Asimismo, programó la realización de la audiencia constitucional para el 29 de julio, fecha en que resolverá si concede el amparo.
La FGR solicitó la medida cautelar ante el riesgo fundado de fuga del ex gobernador por el poder económico con que cuenta.
El 11 de junio, Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que a su hija Lidy Alejandra se dictó auto de no vinculación. Ambos fueron aprehendidos en un inmueble que se localiza en las inmediaciones del municipio de Linares, Nuevo León.
El operativo fue coordinado por la FGR, en el cual participó personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tras ocho meses de seguimiento se dio cumplimiento a la orden de aprehensión.
Los trabajos de investigación permitieron identificar al menos 40 domicilios en Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, donde se presumía que podían estar ocultos.
En marzo de este año, la FGR hizo público que obtuvo la orden de aprehensión contra el ex gobernador y Lidy Alejandra por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en agravio de las finanzas públicas de la entidad que encabezó.
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