•Mujeres, adultos mayores, personas de pueblos originarios y campesinas sin antecedentes penales serán favorecidas con libertad inmediata
•Las personas inculpadas, procesadas o sentenciadas por delitos de homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada no tendrán acceso a dicha ley.
Tepic, Nay., 8 de diciembre de 2021.- Velar por los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, que han sido privadas de su libertad, por delitos menores en los que no se hayan utilizado armas de fuego, que no tenga antecedentes delictivos y las penalidades sean menores, y que, en algunos casos, se repare el daño previamente, prevé la Ley de Amnistía aprobada por el pleno del Congreso.
La Ley de Amnistía presentada por la presidenta del Poder Legislativo, diputada Alba Cristal Espinoza Peña, señala en sus 22 artículos y cuatro transitorios, que la amnistía no procede en casos por delitos graves que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, como lo son delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, corrupción, desaparición forzada, por mencionar algunos.
El trámite para recibir el beneficio de amnistía es eficaz y sencillo, una vez hecha la solicitud ante el Juez competente, en tres días se puede obtener su admisión, y de ser así, en un plazo no mayor a 30 días se determina si procede o no el beneficio.
La legisladora, Alba Cristal Espinoza Peña, manifestó que su iniciativa busca “velar y proteger los derechos de las y los nayaritas que necesitan ayuda, de quienes son merecedoras de cumplir su mayor deseo, tener una segunda oportunidad”.
En Nayarit, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contenida en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del 2016, señala que el 21.6 por ciento de las personas que están privadas de su libertad, recibió presiones o amenazas como principal motivo para declararse culpable ante el Ministerio Publico; el 30 por ciento fue amenazada con levantarle cargos falsos; el 87.5 por ciento de la población recluida, lleva más de un año en su proceso sin ser sentenciada; el 94.6 por ciento consideró que podría tener una reinserción familiar una vez cumplida la condena y 347 nayaritas refirieron haber sido víctimas de actos de corrupción en su arresto.
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