Por Jaime Barrera
La sangre de periodistas en México sigue corriendo impune a manos, principalmente, de grupos de la delincuencia organizada, mientras que desde la tribuna más potente del gobierno de la autollamada cuarta transformación se fomenta el encono contra la crítica del periodismo incómodo, en lugar de cumplir su obligación de proteger a quienes desempeñan esta actividad.
Justo esta semana que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa la lista de periodistas asesinados en lo que va del año en México se elevó a nueve con el crimen del destacado colega de Sinaloa, Luis Enrique Ramírez Ramos, quien había sido privado de su libertad el miércoles pasado y ayer apareció muerto, tirado en una brecha al sur de Culiacán, ciudad capital sinaloense.
Sus homicidas callaron así una voz que fue acumulando influencia a lo largo de 40 años en periódicos y revistas de su natal Sinaloa y en los más importantes de la Ciudad de México, y sus libros «La Muela del Juicio» y «La ingobernable; encuentros y desencuentros con Elena Garro», que le merecieron más de una decena de premios y reconocimientos locales y nacionales. Su proyecto más reciente era el diario digital Fuentes Fidedignas.
Lo más grave es que Ramírez Ramos estaba acogido al Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal, al igual que lo estaba la periodista de Tijuana, Lourdes Maldonado López, y quien también fue asesinada en enero pasado. Lo que pone en entredicho la eficacia de este modelo de protección. Más aún si destacamos que tanto Lourdes como Luis Enrique advirtieron a las autoridades que temían por su vida. Maldonado incluso lo hizo en medio de una rueda de prensa mañanera el 26 de marzo de 2019 cuando le dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se sentía amenazada por tener un litigio laboral con el entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, amigo personal de él. Ramírez Ramos, por su parte, huyó un tiempo de Sinaloa por las amenazas que tuvo, y cuando regresó supuestamente protegido, en una entrevista en radio, dijo que por lo que había pasado con tres de sus colegas asesinados en Sinaloa, él podía “ser el que seguía”.
Ante este preocupante panorama que inhibe la libertad de prensa y de expresión, y debilita por tanto la democracia en México, organismos internacionales defensores de los derechos de periodistas como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 señalan que México está convertido cada día más en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y reprochan al Presidente su narrativa por “violenta como estigmatizante contra los periodistas”.
El hecho de que sólo Uganda supere a México en número de periodistas muertos, y que en cuanto a indicadores de seguridad para esta profesión nuestro país se ubique en el lugar 179 de 180, obliga al gobierno de la 4T a corregir su narrativa contra los comunicadores y sus esquemas de protección a periodistas. Ya basta.
jbarrera4r@gmail.com
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