La 4T, contra la actividad turística

El gobierno de la presidenta trae la brújula averiada, ya que en lugar de instrumentar medidas para que más turistas internacionales visiten el país, los castigan con el incremento de impuestos y derechos.

Por Alejo Sánchez Cano / EL FINANCIERO

Los dos presidentes emanados de la 4T, Andrés Manuel López y Claudia Sheinbaum, parecen enemigos de la actividad turística nacional porque las decisiones y políticas públicas implementadas en el sector han sido nocivas y, si no fuera por los propios prestadores de servicios turísticos, inversionistas privados y algunos gobiernos estatales, pues ya estaría en la lona esta actividad económica que genera, incluso, más divisas que la generación neta de la industria petrolera en su conjunto (que tiene un valor negativo).
En el entendido de que las arcas públicas viven en auténtico estado de precariedad, ahora que se conforma el Paquete Económico para el próximo año, están buscando ingresos hasta por debajo de las piedras. Por ello, pretenden aumentar el Derecho de No Residente (DNR) a los turistas de cruceros en un monto de 42 dólares por pasajero, convirtiendo con esta medida a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo.

Hay que recordar que AMLO desapareció el Consejo de Promoción Turística de México y, paralelamente, desvió el recurso que lo fondeaba a actividades ajenas a la actividad turística y para pagar los bonos derivados de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

El tabasqueño no solo acabó con una terminal aérea que iba a ser una de las diez más relevantes del orbe por el tamaño de los pasajeros movilizados, además de que ya llevaba un avance del 40% de construcción, sino que le dio el tiro de gracia a la también llamada industria sin chimeneas al quitarle la posibilidad de promover al producto turístico mexicano en los mercados internacionales y nacionales.

Luego, vino el desastre de la pandemia de Covid-19 que provocó el cierre de miles de mipymes y la contracción de visitantes extranjeros e inversiones.

A este adverso escenario habrá que sumarle el nombramiento de Miguel Torruco como titular de Sectur, quien como único mérito conseguido tiene unir a toda la industria turística nacional, pero en su contra.

Viene el cambio de sexenio y tómala, se da el anuncio de castigar a los viajeros de cruceros y a las empresas navieras mundiales que acababan de incorporar a los puertos mexicanos.

Al tipo de cambio actual, son 852 pesos por cada turista que llegue al país por crucero.

El incremento en el DNR forma parte de la Ley Federal de Derechos, que es parte de los ingresos que recibirá el país en 2025.

Desde luego, las empresas y organizaciones del ramo se inconformaron por el agandalle presidencial, toda vez que esta arbitraria medida podría provocar la modificación de las rutas de los cruceros, para dejar afuera de ellas a las terminales navieras mexicanas.

Las 23 líneas de cruceros de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) advirtieron que con esta medida México será más caro en 213 por ciento de todos los puertos del Caribe.

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros alertó que México perderá hasta 10 millones de pasajeros, ya que los puertos mexicanos serán tres veces más caros que los de todo el Caribe.

En la actividad turística existe una escrupulosa planeación de sus ingresos y gastos, así como el costo de los productos que ofrecen y que se planifican con un año de anticipación. De hecho, las ventas anticipadas se hacen en promedio con seis meses de anticipación, por lo que ya están vendidos los viajes en cruceros en México para los próximos meses a precios que no consideraban el aumento del derecho referido.

Con este apunte, el aumento del gravamen debe ser gradual para los próximos tres años.

El gobierno de la presidenta trae la brújula averiada, ya que en lugar de instrumentar medidas para que más turistas internacionales visiten el país, los castigan con el incremento de impuestos y derechos, amén de que existen otras agravantes que inhiben el flujo de viajeros, como la inseguridad pública y el deterioro de infraestructura urbana de múltiples destinos mexicanos por la falta de presupuesto público.

De no ser por Quintana Roo y San Miguel de Allende, que se cuecen aparte, podemos afirmar que las demás entidades federativas tienen un decremento relevante en el ingreso de divisas e incluso de turistas internacionales.

Destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos, Mazatlán, Acapulco, Huatulco, Veracruz y otros tantos sobreviven por el turismo doméstico, porque el visitante extranjero ya les dio la espalda.

Todo el poder concentrado en una persona tan solo sirve para cometer arbitrariedades como incrementar impuestos y derechos con un beneficio a corto plazo, pero con daño irreversible en el mediano y largo plazos.

Es casi imposible que Claudia Sheinbaum dé marcha atrás en aumentar el DNR; lo que sí podría hacer, si amanece de buenas, es imponer la medida de forma gradual.

 

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