Sí, fue el Estado

Por María Elena Morera / Presidenta de Causa en Común

El desgarrador video que circuló en redes sociales sobre la brutal forma en que dejaron morir a 39 migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la descomposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y la política migratoria inhumana y cruel de este gobierno. Además, la indignación creciente por esta tragedia es resultado de la insensibilidad, de la criminal respuesta del Presidente, de su gabinete, sus legisladores y de la impunidad que están dibujando para tratar de solo imputar a las personas de seguridad.
El INM tiene debilidades institucionales crónicas en materia migratoria que han sido objeto de denuncias desde hace más de una década. Pero que en este sexenio se han exacerbado. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala que “el Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él”, la realidad es que la política migratoria se hizo más brutal y desalmada. Para evitar las amenazas de Trump (de subir los aranceles), el presidente López Obrador no sólo olvidó sus promesas de campaña, sino que aceptó las condiciones que le impuso Estados Unidos y que siguieron con Biden.
Se convirtió de facto en tercer país seguro, pero omitió proveer un presupuesto adecuado para asumir la responsabilidad de contener a centenares de miles de migrantes, mejorar las instalaciones y darles un trato humano. Por el contrario, disminuyó el presupuesto del INM de 1,731 MDP en 2018 a 1,300 MDP en 2019; además militarizó la política migratoria para hacerle la tarea sucia a Estados Unidos de lastimar y detener migrantes con el apoyo de la Guardia Nacional (GN) y miembros del Ejército.
El avance de la militarización de la política migratoria no sólo se dio en el aumento del personal militar desplegado en las fronteras para servir de muro, que para marzo de 2023 ya eran cerca de 27,500 elementos. Además, la propia burocracia del INM se militarizó. Al menos 17 militares (y marinos) son los encargados de las oficinas de representación en diversas entidades.
En el caso de Chihuahua, el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero es el titular de la oficina en Cd. Juárez. Según denunció Jorge Vázquez Campbell, abogado de las víctimas del incendio, este sujeto tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero su respuesta fue: saquen a las mujeres, dejen a los hombres y salgan ustedes de la estación. De esto, según dijo en entrevista con El Financiero, hay una constancia de la comunicación telefónica.
Como es su costumbre en la mañanera del martes al hablar de la tragedia, Andrés Manuel López Obrador mintió. Además de culpabilizar a los propios migrantes por su muerte, omitió decir que se les dejó encerrados mientras ocurría el incendio, es decir, quienes custodiaban el inmueble permitieron que se quemaran vivos 39 seres humanos y 27 más se encuentren en estado crítico.
Mas tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se mostró muy indignado, no por la tragedia sino porque el video se había sido filtrado. Muy posiblemente el Presidente también creyó que el video no se filtraría y se sintió cómodo con sus mentiras. En una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, el secretario se deslindó de los hechos al recordarnos que este gobierno no es de cargos sino de encargos, y el encargo se lo dio el presidente al secretario de Relaciones Exteriores. Al parecer el funcionario no tiene conocimiento que jurídicamente ni un encargo ni un decreto puede estar por encima de lo que dice la ley.
No por esto es menos escandaloso que quien se encargó de pactar la política migratoria con el vecino país, Marcelo Ebrard, dijera en un tuit que los responsables ya estaban ante el ministerio público (lo cual no era así) y él de paseo en los terrenos donde se instalará Tesla y presentando su libro, es decir, como si fuera un día cualquiera. Por su parte, los senadores de Morena no permitieron que se llamara a cuentas a los responsables políticos.
Para evitar que los responsables de la tragedia, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y el titular del INM, Francisco Garduño, rindan cuentas, el Presidente ordenó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que saliera a dar la cara. Ni es su responsabilidad ni entiende la política de migración, pero como lo que importa es solo “calmar las aguas”, nada mejor que la persona que el Presidente trata como su mascota poniéndole la mano en la cabeza para deslindar de responsabilidad a los amigos del Presidente, culpar solo a los responsables directos y evitar hablar de lo importante, el cambio en la política de migración.
Miles de mexicanos estamos indignados dolidos y avergonzados de lo sucedido, pero no así quienes gobiernan. Tenemos que decirlo, sí fue el Estado el responsable de esta tragedia; las personas migrantes se encontraban bajo su custodia y era su obligación cuidarlos. Por las políticas restrictivas y crueles de migración que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos, estos seres humanos terminaron calcinados.
Si López Obrador fuera congruente e hiciera todo lo que exigió en la tragedia de la Guardería ABC, entonces reconocería la responsabilidad del Estado mexicano que encabeza, estarían las cartas de renuncia de sus amigos en su escritorio y la discusión centrada en cambiar la política migratoria. Pero no, su política criminal es mentir.