Por Mario Maldonado / SUN
La incertidumbre que genera a menudo el discurso presidencial y los cambios de reglas –como sucedió en el sector energético– son dos de los principales inhibidores de inversión privada en el país, y aunque Andrés Manuel López Obrador ha intentado contrarrestarlo con certidumbre fiscal –no aumentando las tasas del ISR, IEPS e IVA–, hoy las empresas de todos los tamaños pagan uno de los impuestos más caros: el de la inseguridad.
La violencia abrumadora en la que está sumido el país ha alcanzado a empresas de todos los ámbitos y en todas las regiones. Según la Coparmex, el año pasado por lo menos la mitad de sus socios fueron víctimas de algún delito. Robo, extorsión y despojos fueron los más comunes.
Este martes, grupos criminales incendiaron 25 tiendas Oxxo en Guanajuato. La dueña de estas tiendas de conveniencia, el poderoso grupo Femsa, ha tenido que incorporar en sus estados financieros los riesgos por la inseguridad, como si se tratara de un impuesto adicional. Ese día sus acciones bajaron 0.3%. Y así como el conglomerado regiomontano, muchas otras pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que hacer frente a estos costos adicionales.
Lo más probable es que el ataque contra estos negocios, cuyos accionistas principales han sido críticos de AMLO, se deba a que tienen muchas unidades en el país: más de 20 mil Oxxos están regados en la República Mexicana; sin embargo, no deja de ser un costo adicional que el Presidente estigmatice públicamente a esta marca porque supuestamente paga poco dinero por la energía eléctrica que usa.
La inseguridad que aqueja a Femsa en Guanajuato le cobra factura también a otras cadenas comerciales de Jalisco o el Estado de México; a los productores de aguacate de Michoacán, a los comerciantes de Chihuahua y Querétaro, a los vendedores de pollo, tortilla y refrescos de Guerrero, y así en prácticamente todos los estados del país. Nadie se salva.
La inflación para los consumidores está en niveles máximos de hace 21 años, en buena medida por el incremento de los costos de materias primas y energéticos a nivel mundial, los cuales han elevado aún más los precios al productor. No obstante, uno de los costos ocultos es precisamente el de la inseguridad, no solo en el transporte y la comercialización, está presente en toda la cadena, desde la producción hasta la venta al consumidor final.
En el primer semestre de 2022, la extorsión a negocios aumentó 30.5% en el país, alcanzando su máximo nivel histórico, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este delito ha aumentado más de 50%. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 6.7 mil extorsiones en el primer cuatrimestre del 2018, pasaron a 8.8 mil en 2021. En mayo de 2022 se registraron más de mil extorsiones en un mes, un número récord.
El Inegi registró que 274 mil empresas cancelaron inversiones a causa de la inseguridad en 2020, principalmente en el centro del país. También calcula que esto impacta al PIB en casi 1%, al generar gastos a empresas en protección y pérdidas que suman más de 226 mil millones de pesos.
Así que la promesa de no elevar impuestos del presidente López Obrador, no se ha cumplido. Los costos asociados a la fallida estrategia de seguridad le han cobrado factura a empresas y consumidores. La imagen de Oxxos quemándose, retrato del México maltrecho en el que vivimos, tiene detrás de sí poderosos mensajes: los criminales van a aterrorizar e intentar someter a quién sea: empresarios, trabajadores, fuerzas del orden, gobernantes… sin que nada ni nadie se los impida.
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