Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que un ‘recorte desmedido‘ a la solicitud presupuestal de 2022 pone en ‘grave riesgo’ la organización de la revocación de mandato.
Córdova Vianello recordó que el Consejo General del INE aprobó en agosto pasado un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 con una partida precautoria de 5 mil 743 millones de pesos, de los cuales mil 913 millones corresponden a una posible consulta popular y 3 mil 830 millones para la eventual organización de la revocación de mandato.
“Estos recursos serían reintegrados a la Tesorería de la Federación de manera integra e inmediata en caso de que dichos ejercicios no cumplieran los extremos para ser convocados”, subrayó el consejero presidente, luego de comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados el viernes pasado.
“Llevar a cabo una revocación de mandato es un ejercicio de tal magnitud y seriedad, cuyas consecuencias podrían ser muy graves en términos institucionales, que requiere organizarse con absoluta legalidad y certeza. Es un proceso equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos“, argumentó.
Lorenzo Córdova consideró preocupante que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados haya aprobado un dictamen que recorta 4 mil 913 millones del pesos al proyecto presupuestal del INE.
Dicho dictamen pasará al pleno de la Cámara de Diputados para que sea discutido y, en su caso, aprobado. “Estoy seguro, que por convicción democrática y responsabilidad institucional, que las y los legisladores serán congruentes con su compromiso democrático, con su compromiso con la ciudadanía“, señaló el consejero presidente del INE.
Lorenzo Córdova tachó de falso que sea el INE que pretenda bloquear el proceso de revocación de mandato, “todo lo contrario, la solicitud de recursos suficientes para organizarla de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso de esta institución con sus obligaciones institucionales y la ciudadanía”.
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